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Ciudad

Durante el segundo semestre de 2014, junto a un equipo de profesionales de primer orden, multidisciplinarios enfocados en desarrollo urbano, fundé en el Municipio de Quito la Oficina de Mecánica Urbana. La intención de esa unidad era encontrar fallas en el funcionamiento de la ciudad y corregirlas, como un mecánico corrige un motor que tiene problemas para moverse.

El proyecto estrella de la oficina de Mecánica Urbana fue el Distrito de Innovación de Quito, que aprovechaba las condiciones urbanas creadas de manera orgánica en el barrio de La Floresta, con un cluster creativo muy importante, otro adicional de servicios, relacionados y no al cluster principal, que complementan y fortalecen la industria, universidades, turismo y empresas.

Para consolidar ese cluster en un Distrito de Innovación hacía falta que Quito tenga una política de innovación que vaya más allá de una directriz de digitalizar servicios en lo que se conoce como una “Smart City” y sea, más bien, una ciudad con un urbanismo inteligente, propuesto por su gente para solucionar problemas puntuales y que sirva para el fortalecimiento de las redes ciudadanas y para el desarrollo económico local. La propuesta de política pública fue presentada a la Alcaldía Metropolitana en los primeros meses de 2015, pero la visión escogida fue otra, anclada a criterios dispersos de innovación y a proyectos puntuales de cada entidad.

Publico aquí las partes relevantes del White Paper de Innovación Metropolitana que desarrollé junto con los mecánicos urbanos.

White Paper de Innovación Metropolitana de Quito

Oficina de Mecánica Urbana – Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad

 

  1. Aspectos Clave:
  • La mentalidad innovadora de una ciudad es un proceso basado en la inteligencia colectiva y está por encima de factores exógenos como la economía o el gobierno.
  • Cuando los tomadores de decisiones trascienden las políticas publicas basadas en clichés, y se centran en la premisa de la creación de condiciones para el bien de la colectividad, se construye inteligencia urbana desde el gobierno.
  • Cuando el municipio se enfoca en la creación de condiciones urbanas para fomentar encuentros y motivar que los ciudadanos creen y emprendan, se construye un ecosistema de innovación real, basado en las redes ciudadanas.
  • Una administración innovadora cambia los paradigmas de cómo se percibe la ciudad y su inteligencia colectiva, más allá de infraestructura tecnológica o sensores.
  • El liderazgo innovador es transversal e impulsa una visión unificada y clara de cambio y creatividad.
  • La ciudad tiene un horizonte temporal que requiere consolidar procesos ciudadanos de cambios de percepción y mentalidad que generen una constante disrupción del sistema, como pasos previos para la construcción de una ciudad inteligente para la gente y resiliente.

 

  1. Política de innovación

Es el siglo de las ciudades. Más del 50% de la población mundial vive en centros urbanos y para 2035 se espera que haya 3.500 millones de nuevos urbanitas que requerirán techo, servicios y espacio público. Una de las estrategias que pretende solventar el reto de la presión poblacional y que se ha expandido por el mundo de manera rápida y eficaz es la de Smart Cities o Ciudades Inteligentes. Las propuestas enmarcadas en el potencial de la tecnología prometen acompañar a municipios y gobiernos regionales y nacionales en el proceso de actualización tecnológica de la gestión y juntan a corporaciones globales en un mercado de nicho para ofrecer soluciones integrales de servicios, procesos, gestión y apertura que montan toda la información y gestión de servicios públicos sobre herramientas tecnológicas y digitales.

Los alcances de las estrategias de Smart City y sus aplicaciones han crecido exponencialmente desde las primeras iteraciones de “gobierno electrónico” de inicios del siglo e implican para los gobiernos grandes inversiones de capital en sensorización, procesamiento de datos, planes de intervención y otros elementos de lo que ahora se conoce como “ciudad ubicua”. Por la envergadura de los proyectos y las relaciones contractuales a largo plazo, es usual que los gobiernos que compran este tipo de servicios se alineen con las estrategias y planificación de las corporaciones que proveen la arquitectura tecnológica y prestan los servicios digitales.

Desde la academia se ha cuestionado de manera enérgica y reiterada esta aproximación a la digitalización de la gestión pública, debido a que si bien genera un ahorro de pasos, tiempo y plazos, pretende acoger la actualización tecnológica sin generar cambios sustanciales en el comportamiento de los potenciales usuarios ni en los procesos subyacentes que ofrece digitalizar. La respuesta corporativa ha sido la “humanización” de la ciudad inteligente y la proliferación de estrategias de aprovechamiento de las redes sociales y demás herramientas de ciudadanización del proceso tecnológico.

El principio detrás de la Ciudad Inteligente es la disrupción de procesos convencionales mediante herramientas tecnológicas, lo cual va generando innovación a lo largo del camino. La alternativa a esta estrategia de política pública de Quito es pensar en la innovación como un valor o principio transversal que permea todos los ámbitos de la gestión, impulsando microprocesos innovadores en cada acción pública y privada, formando una red ciudadana que piensa distinto, propone soluciones distintas y contagia el pensamiento innovador a otros ámbitos de la gestión. Una política pública de innovación en las ciudades del Sur Global debe apuntar hacia la construcción de programas transversales que reduzcan la presión de inversiones de capital, activen la economía local y construyan redes ciudadanas como colaterales del proceso de actualización tecnológica.

Para efectos de esta política pública, la innovación es vista como el proceso mediante el cual los proyectos, servicios y productos municipales se aproximan desde una óptica distinta a la convencional, aprovechando herramientas creativas para tejer redes, hilar ideas e iniciativas y mejorar la experiencia de la ciudad. Los procesos disruptivos aprovechan el acceso a herramientas tecnológicas que el gobierno local ofrece para cubrir brechas mediante la tecnología, en un entorno de actualización permanente de los sistemas municipales para igualar el estado del arte. La política pública de innovación toma en cuenta las necesidades de actualización tecnológica, los documentos de integración digital a los procesos, proyectos y servicios municipales como la Agenda Digital de Quito con un horizonte trazado a 2022, y las estrategias de adopción de sistemas informáticos para la gestión de la ciudad, pero reduce estos elementos a herramientas subordinadas, que se integran en un momento posterior a los planteamientos creativos y urbanísticos de creación de redes y construcción de capacidades. El trabajo realizado en la creación colectiva y participativa de la Agenda Digital informa la actualización en curso del Plan Metropolitano de Desarrollo, en tanto las provisiones puntuales de acceso a e implementación de tecnología digital en entidades públicas propuestas en la agenda se incorporan a los diversos ejes del documento con un horizonte a 2025.

El concepto de innovación urbana radica en la forma cómo el municipio ve el potencial del espacio físico de la ciudad en la creación de identidad, redes económicas y sostenibilidad, en cómo la gente lo utiliza y lo aprovecha y cómo se juntan los ciudadanos, la academia, las corporaciones y el municipio en la construcción del espacio compartido y en su contribución individual al desarrollo económico. En este sentido, la innovación no es una actividad puntual que se realiza sino una actitud integral de cara a la visión de ciudad y a la gestión urbana. La innovación es el resultado de un entorno que estimula adecuadamente la creatividad, que propicia encuentros de personas, ideas y conocimiento y promueve por lo tanto la generación de soluciones ciudadanas a problemas urbanos de toda escala.

El carácter transversal de la innovación urbana asume que los factores que generan encuentros y producen los efectos mencionados se basan en la calidad centrípeta o atractividad del espacio urbano, en la manera cómo los ciudadanos lo perciben y en la reacción y respuesta de los usuarios ante los estímulos de las características físicas del entorno construido. Por lo tanto, es responsabilidad de una política integral de innovación asignar las competencias de creación de condiciones consistentes con estos planteamientos, en cuatro instancias del gobierno local y sus adscritas, cuyo trabajo se manifiesta de manera tangible en el entorno construido: la planificación del territorio a cargo de la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, la política económica a cargo de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad, la visión de movilidad sostenible a cargo de la Secretaría de Movilidad y la construcción de identidad y políticas culturales a cargo de la Secretaría de Cultura.

Las respuestas cívicas que se dan ante la calidad del tejido urbano provienen de estímulos sustentados en evidencias estudiadas en las áreas de la neurociencia y la psicología ambiental. De esas respuestas se conciben a su vez todo tipo de ideas innovadoras y soluciones creativas a problemas urbanos. El factor más importante en este proceso es la devolución de poder e iniciativa a la ciudadanía, que puede producir soluciones con acompañamiento municipal en un marco de libertad creativa, flexibilidad normativa y garantía de accesibilidad a tecnologías de punta. El enfoque especial de la economía creativa (también llamada Economía Naranja) responde a su rol en la creación de procesos disruptivos que modifican drásticamente el mercado y obligan a industrias en todas las áreas a generar procesos de pensamiento creativo y distinto para atender las necesidades de nuevas realidades socioeconómicas, demográficas o ambientales.

Cuando la ciudad ofrece las condiciones urbanas para el encuentro, se fomenta la creación de industrias creativas y se fortalecen los espacios de colaboración productiva, se crea un modelo de innovación social que produce soluciones idóneas y genera mercados emergentes de creación de nuevas tecnologías para solucionar problemáticas cotidianas. El modelo pasa de ser uno en el cual las grandes inversiones en investigación, desarrollo e innovación se ven circunscritas a círculos corporativos con vinculaciones políticas y a un alto poder de endeudamiento o de gasto (I+D+i), a uno basado en las ideas, la creatividad y la eliminación de barreras de entrada, construyendo una sólida base de participación ciudadana en la economía, que se manifiesta en el aprovechamiento de la inteligencia colectiva para desarrollar nuevas ideas de negocio, cubrir brechas en el mercado y generar un entorno de innovación social permanente que cambie y mejore la calidad de vida de la gente (Ic+Dn+iS).

Quito se piensa como una alternativa a las propuestas convencionales de Smart City, por lo cual la decisión entre proveeduría o creatividad trazará la cancha para la estrategia de innovación urbana. Los adelantos tecnológicos permiten muchas y muy diversas opciones al momento de crear las condiciones para que una ciudad sea “inteligente”. Ciudades como Santander o Songdo han adelantado procesos modernizadores desde la iniciativa pública basados en la instalación de tecnología de punta con grandes inversiones de capital, que les permite observar, medir y reaccionar, garantizando una provisión ágil de servicios y una respuesta rápida.

Sus condiciones de arranque, no obstante, han sido distintas a las de Quito. Santander es la capital Smart europea de 2014, hoy líder en la Red Española de Ciudades Inteligentes, con acceso a financiamiento directo de la Unión Europea para proyectos tecnológicos y con arquitectura tecnológica basada en una alianza con la empresa Telefónica, que sirve a una población de renta media alta de menos de 200.000 habitantes.; Por su lado, Songdo, centro tecnológico y de negocios de Corea, ha sido urbanizado privadamente y provisto de toda la infraestructura necesaria en el proceso de construcción, con arquitectura tecnológica provista por uno de los socios, la empresa Cisco. Quito, por su parte, con una realidad en la cual no más del 18% de negocios utiliza Internet como herramienta de trabajo, presenta niveles altos de inequidad así como brechas tecnológicas y de conocimiento muy amplias, lo cual no solo ubica las necesidades urgentes de la población en un ámbito distinto, sino que limita el impacto positivo que la tecnología de punta y las soluciones integrales provistas de manera exclusiva por empresas o conglomerados globales puedan tener en el grueso de la población.

Por lo tanto, en el contexto de la estrategia de innovación, la primera toma de decisión es si la ciudad va a ser inteligente desde los estándares corporativos y tecnológicos, o si lo será, más bien, en su urbanismo y su modelo de gestión. En el primer caso, la ciudad se provee de: tecnología, servicios, y sistemas que permitan leer las condiciones urbanas mediante enjambres de sensores e interpretar los datos por vía de sistemas informáticos complejos que ordenan, facilitan y agilizan la gestión urbana y los servicios al ciudadano.

En el segundo caso, la ciudad crea las condiciones para que haya encuentros productivos, ingresen actores que aporten nuevos procesos disruptivos y se fortalezca un nuevo mercado que demande soluciones más complejas y completas, con la consecuencia inevitable de dinamización de la economía local e inserción de la ciudad en la economía global. Esta alternativa asume que no es el municipio quien construye; esa labor y responsabilidad se devuelven al ciudadano en un proceso de descentralización económica o ciudadanización de la economía. El gobierno local crea las condiciones para fomentar los encuentros en el espacio público, resuelve problemas, facilita soluciones, simplifica procesos y reduce barreras de acceso, e interviene en la reducción de brechas que permitan aprovechar el valor agregado de programas públicos de liberación de datos, gobierno abierto y digital, etc.

Una estrategia de este tipo, innovadora bajo cualquier estándar de gestión, contiene el beneficio adicional de que cada ciudadano con un teléfono inteligente provee datos y mediciones que de otro modo tendrían que ser recogidos por miles de sensores costeados e instalados por el municipio. Esto a más de reducir significativamente el impacto presupuestario de grandes inversiones de capital, crece de manera sostenible y sólida con cada nuevo teléfono inteligente que se acopla a la red y con la contribución de cada ciudadano digital, aprovechando inteligentemente de la tecnología. Adicionalmente, como consecuencia directa del entorno colaborativo y de la construcción del ecosistema, los procesos de desbordamiento o “spillover” motivan la creación de empresas y negocios con proyección exponencial alrededor de las soluciones.

Las soluciones convencionales de Smart City crean un entorno en que el ciudadano recibe información provista por tecnología que no controla, en el marco de un sistema centralizado que la ciudad administra remotamente. En el caso de la innovación urbana, la provisión ciudadana de datos (donde cada individuo con un dispositivo digital móvil es un nodo de una red por concepto descentralizada) es un beneficio colateral al consistente crecimiento de la economía local en el contexto de un proceso de devolución de competencias, libertades e iniciativas al ciudadano. Adicionalmente al dinamismo económico generado, la ciudad se vuelve administradora de datos a bajo costo, sin el impacto presupuestario a largo plazo de la compra de tecnología con obsolescencia programada, lo cual libera recursos para enfocarlos en tareas que profundicen el acceso ciudadano a la tecnología y por lo tanto fortalezcan el círculo de provisión de datos y aporten desde un ángulo adicional con soluciones que fortalecen aún más la economía local.

Devolver el poder y la responsabilidad al ciudadano no exime al gobierno local de su labor en la creación de condiciones idóneas para el intercambio ciudadano ni de su responsabilidad en la implementación de proyectos digitales en las distintas entidades municipales según el camino trazado en la Agenda Digital y en planes subsiguientes. La decisión de construir la red urbana a partir de cada ciudadano como nodo, libera a la ciudad de grandes inversiones de capital y de gestionar la obsolescencia de sus sistemas en el marco de presupuestos limitados y otras necesidades de reducción de brechas y construcción de equidad, que son más apremiantes. Los esfuerzos pueden por lo tanto centrarse en la construcción de un modelo de gestión ágil que no entorpezca ni intervenga en la creatividad y un urbanismo de encuentros y a escala humana que, con base en la evidencia de intervenciones urbanas exitosas en el fomento de procesos de crecimiento económico, permita fortalecer las redes ciudadanas, la identidad y dispare el crecimiento de la economía local.

 

  1. Acciones concretas para impulso de la política de innovación
  2. Designación del Distrito de Innovación
  3. Definir alianzas con sector privado y academia
  4. Implementación del Laboratorio de Ideas Urbanas y Centro de Innovación
  5. Creación de plataforma para juntar mercados invisibles
  6. Establecimiento de mecanismos de evaluación
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Yo soy de esos que creen que la cultura es un elemento de identidad y una herramienta para hacer mejor urbanismo, desde los gobiernos locales hasta minúsculas salas de teatro. Creo además que las personas que están haciendo la ciudad grande son gente diversa, culta, curiosa y que demanda cultura, en forma de artes, música, festivales, eventos, exposiciones, equipamiento cultural y otros que vale la pena mencionar pero que harían interminablemente aburrido este post. Esas personas creativas, emprendedoras e innovadoras van a transformar nuestras ciudades y van a encontrar soluciones que ningún mega acuerdo político ni compromiso presupuestario millonario van a producir. Y es allí donde la responsabilidad de las instituciones culturales públicas es crítica. Es su misión generar políticas claras para fomento y promoción. Deben crear las condiciones para que existan espacios de colaboración entre los gestores y productores privados, la academia, el gobierno local y la gente. Actualmente, en Quito, estamos presenciando la implosión de las instituciones culturales públicas. En un entorno de polarización y crisis institucional, la desidia a nivel de gobierno local puede ser fatal para las artes y la cultura, que a su vez son el combustible creativo para quienes construimos la ciudad.

El problema no viene de hace un año y medio, con el cambio de administración municipal. Es un proceso de descomposición de la labor cultural que viene de hace varios años, que subsiste por pequeños – y muy visibles – éxitos que maquillan muy bien los graves desaciertos de administración pública y dejan un sabor agridulce en la boca: por un lado, los gestores públicos de cultura tienen la capacidad de desarrollar proyectos dignos de cualquier capital mundial y, por el otro, esa capacidad y esas oportunidades se han quedado encapsuladas de sus fachadas hacia adentro.

A nadie se le escapa el festival Ecuador Jazz organizado por la Fundación Teatro Sucre. Impecable. Artistas de primer orden. Organización rigurosa y detallista. O exposiciones como Spin Off de la colección Sandretto Re Rebaudengo, que se montó por todo lo alto en el Centro de Arte Contemporáneo, espacio de la Fundación Museos de la Ciudad, luego de una gestión nacional e internacional de alianzas, auspicios, construcción de confianza y apoyo político y financiero. Por supuesto que nada de esto sería posible sin el compromiso de la ciudad por rehabilitar edificaciones históricas y adaptarlas a usos contemporáneos, en un proceso iniciado hace al menos dos décadas y que cuenta con profesionales técnicos, académicos y administrativos que conocen, viven y tienen pasión por el patrimonio.

Dos de las instituciones que han permitido que Quito esté en diálogos globales y en circuitos internacionales del arte contemporáneo, la música, la gestión patrimonial, entre otros ámbitos de la cultura, se encuentran en crisis al momento. La una por perpetuar la visión segregadora de la ciudad y generar conflictos con la contemporaneidad y la tecnología. La otra por integrar un poco a la fuerza búsquedas personales con la promoción de las artes y la cultura. Ambas, por sucumbir al manejo político, a la miopía del inmediatismo y a las agendas fáciles, populistas y proselitistas. Sería muy fácil lanzar todo el pesado fardo de la culpa en hombros de una alcaldía que ha sido débil para impulsar su propuesta de desideologización de la cultura, pero la verdad es que esto trasciende las etiquetas políticas y viene perpetuándose a lo largo de alcaldías socialdemócratas, socialistas e indefinidas. Los ideólogos son los mismos, pero más viejos. Los actores protagónicos los mismos, que han sobrevivido cambios de gobierno con un discurso en apariencia técnico y apolítico pero en realidad camaleónico. Las vacas sagradas, todavía imposibles de cuestionar.

Ningún alcalde vio la necesidad de que las tres puntas de lanza de la cultura local se manejen como elementos integrados de ciudad. A cada exitoso teatro Sucre le acecha un teatro México, perdido en el barrio de Chimbacalle, activo por 10, quizás 20 noches al año y sin ningún impacto en el barrio ni conexión con uno de los conjuntos patrimoniales y nodos de inversión pública más grandes de Quito (Factoría del Conocimiento, Museo Interactivo de Ciencia, Estación Chimbacalle). A cada Centro de Arte Contemporáneo le corresponde un olvidado Museo Interactivo de Ciencia, siete hectáreas de parque, galpones industriales maravillosos y soberbiamente rehabilitados, un huerto, espacios para eventos, conciertos, cafetería, auditorio y mucho más… con un presupuesto anual que no llega a las 6 cifras, visitantes que no llegan ni siquiera a ese número y muy poca voluntad de abrirse a la colaboración (en un post siguiente les cuento del proyecto que presenté para transformar el MIC y su barrio en algo parecido al Matadero de Madrid, junto con el sector privado y la academia). Y a cada dólar puesto en rehabilitación de edificios patrimoniales le corresponde un barrio muerto, donde no se intervino más allá de la línea de fábrica del edificio, donde no se integró el resto de edificaciones del barrio, la comunidad y la economía local al proceso de rehabilitación.

La visión al frente de cada una de esas instituciones debe ser integral, urbana, conectada. No se trabaja un museo sino un factor de desarrollo urbano, ni se trabaja un teatro sino un nodo de encuentro de ideas y no se rehabilitan edificios sino se construyen mejores espacios públicos para apoyar el desarrollo urbano. Nada de eso ha sido prioridad de nuestras instituciones culturales. El entorno no ha sido de su interés y, a la ciudad, eso le duele.

La excelente gestión de producción del teatro no ha logrado impedir que la Plaza del Teatro sea un fracaso urbanístico. Su diseño es impecable y está bien construida con materiales nobles. Constituye el sitio del teatro más emblemático de la ciudad. Pero la plaza no es las piedras. Es, también, la economía estancada a su alrededor. El peligro de caminar por la calle Guayaquil. El insalubre trayecto hasta el estacionamiento por las calles Manabí y Vargas, que apesta a orinas. Las putas, las drogas y la delincuencia. Y también las vallas que se levantan, segregadoras, cada vez que hay un evento en el teatro.

La fuerza institucional, la estrecha relación con la ciudadanía y un nuevo edificio bien conectado con el bulevar, a su vez, no han logrado impedir que la 24 de Mayo esté plagada de basura, que la tarima, las estatuas y las piedras del piso estén deterioradas, que al menos las tres cuartas partes de los locales que conforman el espacio estén cerrados con puertas lanfor y que un espacio que sabiamente rescató el Municipio de la unión de las plataformas de la calle Loja y 24 de Mayo se caiga en pedazos. Es inconcebible que luego de años de trabajo, de grandes inversiones y de campañas millonarias de concientización no haya ni una sola propuesta privada de buen nivel para aportar al mejoramiento del espacio.

Consecuentemente, como las conexiones y la integralidad no han sido política de rehabilitación, se le ha dado más responsabilidad al edificio de la que tiene capacidad para asumir. Millones de dólares y edificios maravillosos devueltos a la ciudad, pero cerrados. Cuántos proyectos como el teatro Capitol, la Academia de Historia o la plaza de Chimbacalle han adquirido nuevos usos y nuevos patrones, pero no han dejado huella alguna en los barrios que les acogen? El mismo CAC, el mismo teatro Sucre… ninguno ha incorporado un modelo de gestión que le haga sostenible y que no requiera que papá alcalde se manifieste cada cierto tiempo para volver a pintar, reparar las goteras y rectificar las puertas.

La visión no es urbana. Y eso va más allá de tener o no políticas culturales (que son sectoriales) y de si la administración viste turbante, corbata o mantilla negra. El esfuerzo no tiene que ser mayor, y no es una cuestión de recursos. Tenemos que cuestionarnos. ¿Hemos investigado las razones por las que las rehabilitaciones de edificios patrimoniales no han tenido impacto en el entorno urbano? ¿Sabemos por qué, más de dos décadas después de la reapertura del teatro Sucre, no hemos avanzado nada en inclusión e igualdad, y tenemos que poner vallas para separar a la gente, como al ganado? ¿Tenemos alguna idea de por qué un bulevar con estacionamiento abundante, rodeado por dos de los más importantes atractivos turísticos de la ciudad, el Museo de la Ciudad y La Ronda, es un hoyo negro urbanístico?

Cuestionemos, hagamos esas preguntas en estos momentos de crisis institucional, para poder tener las respuestas reales. Salgamos de los silos que segregan la gestión de desarrollo económico de la cultural y de la territorial. Innovemos al pensar que, tal vez, la visión que conduce y la narrativa que teje estas tres importantes instituciones, la Fundación Teatro Nacional Sucre, la Fundación Museos de la Ciudad y el Instituto Metropolitano de Patrimonio, debe ser urbana mucho antes que sectorial.

Este Municipio de Quito es un loquillo. Le encanta ir por la vida regalando billete. Y los quiteños nos hemos acostumbrado a ese tren de vida. Algunos quizás sin saberlo están siendo beneficiados por una política que se ha mantenido en alcaldías populistas, socialdemócratas, socialistas y de derecha. Otros, quizás muy sabidos, navegan ese sistema de la manera más hábil. Y lucran. Mucho.

De esta feria de plata ajena salen bien parados a todo lo ancho del espectro social, desde los comerciantes informales que comercian para subsistir hasta los grandes desarrolladores inmobiliarios que gestionan proyectos millonarios. Voy a mencionar algunos casos, con el respeto que merecen los gestores y patrocinadores, pero que son emblemáticos. El problema real es que cada dólar que el Municipio regala a grupos privados que representan intereses especiales es un dólar menos que va a programas y proyectos cuyo fin debe ser nivelar la cancha para que todos tengan las mismas oportunidades de trabajar y mejorar sus vidas.

El primer caso es coyuntural. Desde hace varios años, el colegio del cual me gradué promueve la campaña “vivamos la fiesta en paz”, encaminada a reducir el consumo de alcohol en la ciudad. Lo que empezó como un proyecto estudiantil pasó a ser gestionado por una fundación que en 2015 reclama al Municipio porque no va a recibir los fondos de años anteriores. ¿A cuenta de qué el Municipio debe financiar una campaña privada? ¿Por qué debe ser obligación transferir fondos a fundaciones, por más loables que sean sus fines y actividades? Dejo a modo de pregunta estas inquietudes, porque no sé las respuestas, pero me molesta el principio.

Casos mucho más graves, mucho menos sonados y que no debe haber muchos quiteños dispuestos a quejarse o al menos a notarlo como una anomalía, son los de los constructores quiteños. Acá entra el tema de la plusvalía, que el gobierno central quiere que los municipios cobren, y ellos no quieren dar esa bronca que implica, invariablemente, modificar la estructura impositiva con la cual trabajan.

Cuando un constructor transforma una casa de familia de cuatro personas en un edificio de apartamentos para veinte familias, está generando un impacto muy grande sobre alcantarillado, agua potable, vías y demás servicios por los cuales el Municipio debe pagar. Al no existir compensación alguna por el impacto adicional, los promotores están prácticamente recibiendo una subvención por parte de la ciudad. Esas ganancias, ¿van a nuevas inversiones en la ciudad que generan empleos reales y de largo plazo? ¿A cuánto ascienden esas inversiones y cuántos empleos generan? ¿Cuánto estima el Municipio que debe invertir anualmente para suplir las necesidades creadas por promotores que no incurren en todos los costos? ¿Por qué razón debemos subvencionar los contribuyentes a los promotores inmobiliarios? ¿Habrá un cálculo de cuánto se incrementan los valores del metro cuadrado gracias a infraestructura y equipamiento financiados por el Municipio? A contramano, ¿el Municipio tiene programas de exención de impuestos o beneficios para promotores que sí cubren los costos e incluso generan espacios valiosos de encuentro y construcción de ciudadanía?

No están solos los grandes empresarios. Los “comerciantes autónomos”, asociaciones de mercados y otros ciudadanos dedicados al comercio de escala muy chica tienen el privilegio de no requerir lo mismo que un comerciante igualmente pequeño pero no categorizado. Las barreras de entrada selectivas hacen que ciudadanos dispuestos a hacer inversiones medianas deban someterse a crueles procedimientos que inhiben su pasión por emprender y sufran discriminación porque no pueden costear las barreras de acceso a la economía, lo cual perpetúa los monopolios y anula la competencia y la innovación. De igual modo, al no ser de subsistencia, esas inversiones medianas no están protegidas como las “pobres” (lo sé, no soy políticamente correcto, y me importa un carajo) y eso hace imposible que puedan operar food trucks (pero sí vendedores de humitas con sede en la cajuela de su auto) o pequeños restaurantes que no cumplen unas arbitrarias “reglas técnicas” (pero sí fondas malolientes que incumplen no solo eso sino todo el resto). ¿Qué corona tienen los “pobres” que reciben atención especial? ¿Esos “pobres” tienen alguna discapacidad  que requiera atención especial? ¿No son capaces de sobrevivir en el mercado? ¿Su propuesta no es rentable, sostenible o económicamente factible? ¿Comprenderán los funcionarios públicos que auspiciar a los grandes lo único que hace es consolidar barreras de entrada y distorsionar más la economía garantizando monopolios?

Otra circunstancia donde la ciudad demuestra su generosidad son las fiestas de Quito. Conciertos gratuitos, pagados por todos, millonarios, destinados a que la gente tenga fiesta gratis. Como no existe nada gratis, eso quiere decir que en algo no se invierte para poder gastar millones en farra. Entre los efectos nocivos de esto está la creencia – y cuidado se la cuestione – de que es obligación del Municipio dar farra gratis y de que por la cultura no se paga. Los espectáculos culturales tienen costos elevados de producción, montaje, promoción y, sobre todo, de largas horas en que los artistas se preparan para dar sus espectáculos. ¿Por qué debe el ciudadano costear a un grupo de reguetón que viene a hacer perrear a un grupo de 1000 o 2000 quiteños? ¿Por qué no viene una orquesta sinfónica prestigiosa o se trae un montaje de una ópera? ¿Qué le deja a la ciudad una inversión tan alta, que justifique la prioridad que se le da en el Concejo, la hipersensibilidad de los concejales que ven réditos políticos en sus “gestiones” culturales en el marco de la agenda oficial de fiestas? ¿En qué contribuye el millonario gasto al mejoramiento de la calidad de vida de los quiteños?

El arte no se queda atrás. Los recientes cambios en la Fundación Museos de la Ciudad motivaron la formación de un grupo de retazos formado por “gestores” y “artistas” cuya ocupación principal parece ser garantizarse una renta por el hecho de declararse artistas y no por la calidad de sus productos culturales. El “comité pro mejoras por el buen vivir y el arte contemporáneo” (irónico y creativo nombre, al César lo que es del César), sigue la larga trayectoria de entes politizados desde su formación. La idea parte de la necesidad de “ocupar” la cultura y proteger sus espacios, pero como todo cuerpo colegiado local que se respeta, cuenta con miembros de una calidad artística e intelectual tan alta, que claman por la disolución de “estructuras neoliberales” (sic) en el Municipio y elevan suspicacias sobre “hacerle el juego a la ciudad”. Todo con el fin de que se garantice fondos para sus actividades. ¿A cuenta de qué debemos los ciudadanos financiar manifestaciones artísticas que creen tener derecho a fondos públicos? ¿No sería mejor establecer alianzas con escuelas y universidades de artes para elevar el nivel de la educación artística? ¿No convendría hacer lo propio con espacios de teatro, cine independiente, galerías y salas de conciertos para garantizar el acceso de todos a presenciar arte y cultura de la calidad más alta, y a elevar el nivel de nuestros artistas locales? ¿No es eso mejor que lanzar billetes a producciones burdas e inconsecuentes solo porque tienen mejor lobbying que una orquesta o un espectáculo de canto lírico?

En fin. Hay miles de casos. Coches de madera, animalistas, antitaurinos, taurinos, actividades deportivas privadas, fundaciones, promotores de espectáculos, organizaciones religiosas, asociaciones GLBT, agricultores, grupos económicos que lloran miseria y humildes comerciantes que aprovechan la suya. Todos reciben una subvención municipal, la pidan o no, que llega en diversas formas y con varios matices, pero subvención al fin. Demás está decir que ese beneficio llega sin necesariamente proveer al Municipio de algún producto o servicio que agregue valor real y medible (y no me refiero a las “contraprestaciones” pendejas que engordan los términos de referencia para contratos públicos á la Eva Golinger). Es espeluznante que todos crean inalienable su derecho a algo gratis. A costa del resto, dicho sea de paso. Nadie ve la necesidad de ser rentable, de proponer calidad, de hacer algo que guste y genere recursos para sostener su producción/producto/montaje/difusión/agenda. Todos, sin excepción, han perdido la noción de lo que significa sobrevivir en el mercado. Prefieren manipular al cliente más grande, estúpido y fácil (el Municipio) con lobbying a mejorar el mercado con calidad.

Sincerar las finanzas municipales a todo nivel, desde inclusión social a desarrollo productivo y desde cultura a ambiente, implica redireccionar fondos hacia la creación de condiciones reales para el desarrollo que beneficien a todos, sean iguales para todos y no garantizar una gestión para contentar a grupos de intereses especiales con el único criterio del tamaño de su boca.

Campus Martius en Detroit. Símbolo del retorno de las ciudades con Placemaking. Foto PPS.

El Project for Public Spaces y la Brookings Institution acaban de lanzar la “Bass Initiative for Innovation and Placemaking“, que investigará la relación entre la calidad de los espacios y el desarrollo. Durante el año que pasó, la propuesta desde la unidad de Mecánica Urbana al alcalde de Quito fue concentrar los esfuerzos de la estrategia de innovación en el mejoramiento de los espacios públicos, en la definición de un distrito de innovación con características específicas que, según la evidencia de buenas prácticas a nivel mundial, fomente el encuentro de ciudadanos, municipio, academia y empresas, y el intercambio de ideas, creatividad y conocimiento. La idea central era que la innovación no procede de los grandes proyectos tecnológicos gubernamentales (central o local) sino de ciudadanos emprendedores y empresas dinámicas que tienen contacto con los problemas reales y buscan, proponen e implementan soluciones específicas que a su vez alimentan el ecosistema creativo y emprendedor de la ciudad. La iniciativa de PPS y Brookings explora la intersección entre Placemaking y Desarrollo Económico que constituía la idea central de la estrategia de innovación que puse a consideración del alcalde y su equipo. El texto base de esa propuesta está aquí. Aunque es un poco triste reconocer que si Quito tomaba el camino del urbanismo inteligente como base de su estrategia de innovación se habría adelantado al menos un año a este interesante anuncio de la iniciativa Bass, siempre es gratificante constatar que las exploraciones, discurso y propuestas están a la vanguardia de las estrategias de desarrollo local.

Me encantan los Food trucks. Tengo una fijación con la manera en que son capaces de mejorar casi instantáneamente la zona de la ciudad donde se instalan, y creo profundamente en que la creatividad que se necesita para poner uno que funcione es un ingrediente fundamental en la movida de la ciudad. Además, el tipo de negocio y los montos de inversión tienen la capacidad de reducir las barreras de entrada al mercado de la restauración, y eso es bueno para los clientes, para la ciudad y para la economía.

Traté por varios medios, cuando estaba dentro del Municipio, de que utilicemos regulaciones existentes para que los food trucks puedan operar sin problema en Quito. Pero pronto recordé las escenas de bullying en el colegio, cuando los grandes se pasaban la pelota y el chiquito no atinaba a agarrarla, ya sea porque la lanzaban muy por encima de su cabeza, o porque eran más rápidos en el juego de manos. No piensen que estoy haciendo una analogía. Esto es casi casi que literal.

Quise que les designen espacios de estacionamiento especiales, y no pasó. Propusieron a cambio darles espacio en estacionamientos municipales que no dan a la calle. Quise que se les otorgue un permiso de circulación, y no pasó. Dijeron que habría que categorizarlos en la ANT como vehículos especiales. Quise que se les categorice como comerciantes autónomos para obtener permisos, y no pasó. No eran autónomos porque podían tener más de un camión y empleados, y además los “autónomos” protestaron por la “competencia desleal”. Quise que se les reconozca como una actividad económica y no sé si pasará. Hay un componente para food trucks en la reforma de la ordenanza de LUAE (Licencia Única de Actividades Económicas), cuyo destino luego de haber salido del Municipio no conozco.

Mi propuesta era que Quito permita, acoja, motive y promueva ese hub de creatividad que son los food trucks. Pero que las inversiones y promoción sean privadas, como debe ser. Que no sea que un funcionario solicitó un permiso para que operen hoy acá y mañana allá, o que alguna entidad construya y les entregue los carros, porque de no existir un aliado dentro, los permisos no necesariamente iban a llegar y los fondos para entregar carros de a $30K tampoco iban a fluir ilimitadamente.

No era precisamente una novelería sino un componente muy importante de la productividad local. Según la Mobile Retail Association, el negocio de food trucks en los Estados Unidos mueve alrededor de $2.700 millones de dólares anuales, y crea alrededor de 15.000 puestos de trabajo nuevos y su crecimiento es de alrededor del 100% Incluso, se han diversificado y cada vez hay más negocios que no son de comida y operan en camiones.

La alternativa que surgió fue hacer un festival de food trucks. No es mala idea. Puede ser espectacular. Hay grandes festivales de comida callejera alrededor del mundo que funcionan perfectamente. Pero era un festival. Un par de días. En un parque. Y al día siguiente, la tortura burocrática de los propietarios de los food trucks iba a continuar, porque el festival no les iba a proveer por arte de magia estacionamiento designado ni permisos de circulación, y eso pone en alto riesgo cualquier inversión.

Ergo, Quito no permite una cultura de food trucks. Aunque los funcionarios a cargo sí comprendan y la quieran motivar. Me encantaría que algún día se apruebe la reforma de LUAE, o que por cualquier otro camino los camioncitos de comida tengan espacio y operen legalmente y con seguridad en Quito. Pero no tengo tantas esperanzas.

En estos días un evento municipal de responsabilidad social ha incorporado food trucks. Pero es la misma historia. Es un recinto cerrado, el evento dura un par de días y los food trucks no están allí porque son un elemento de la movida de la ciudad sino porque fueron convocados a prestar un servicio de catering para los asistentes.

Tal vez sea ingenuo pero todavía espero que el lunes algo habrá cambiado y los food trucks podrán operar tranquilamente.

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De algún libro de esos que caen fortuitamente en las manos saqué una idea que hace muy poco habría parecido inverosímil en Quito. Algún chef conocido por su excentricidad, quizás en Barcelona o tal vez en Berlín, no me acuerdo, había abierto un restaurante por un fin de semana. Con menú exclusivo, todo frugal, decoración ad hoc e iluminación improvisada a modo de estudio artístico se posicionaba como una alternativa interesante. Un halo de misterio envolvía todo el emprendimiento, al tratarse de locales desocupados, galpones industriales o quizás una librería, donde la exclusividad y el atractivo de la clientela volvieron tremendamente populares estos restaurantes “pop-up”. Se llamaron así porque aparecían y desaparecían en muy poco tiempo, pero dejaban una estela de interés por lo novedoso de su propuesta.

Luego apareció el ejemplar de la foto que, de hecho, fue mi primer apoyo en Kickstarter. Mi nombre aparece junto al de miles de curiosos que pusimos €40 para apoyar y obtener un ejemplar. La publicación recoge varias experiencias de objetos, restaurantes, espacios públicos, exposiciones, iniciativas artísticas, comerciales o educativas cuyo factor común es su temporalidad, el uso creativo de los espacios y un ratio envidiable de tamaño de la intervención a impacto sobre la experiencia urbana. Se encuentran cientos de iniciativas en http://www.popupcity.net

Los pop-ups se han ido reproduciendo por todo el mundo, desde Ciudad del Cabo a Vancouver y Lisboa a Shanghai, con las intervenciones más creativas posibles, invadiendo espacios con color, música, gastronomía, arte o cualquier elemento que pueda servir. Las ciudades lo agradecen, por el increíble aumento en su vitalidad y es muy reconfortante ver toda la economía que se ha generado alrededor de ideas tan pequeñas y sencillas como inmensas en su labor de urbanismo.

Los Food trucks son parte de esta tendencia mundial. Esa industria mueve 2.7 billones de dólares y genera miles de nuevos empleos anuales. Los últimos reportes dan cuenta de que su rango se ha extendido en miles de camioncitos que ya no solo ofrecen comida sino diseño, moda, frutas y vegetales, libros, una que otra imprenta y muy buen café.

Lo son también los parklets, cuya encarnación local o “parquitos” propuse cuando dirigía la unidad de Mecánica Urbana del Municipio de Quito. Estos microparques son extensiones de la vereda que reclaman como espacio público uno de las decenas de miles de espacios de estacionamiento paralelo que tiene la ciudad.

Quito ya está lista. En la cuenta de Instagram @popupquito vamos a empezar a documentar los Pop-Ups que vayamos encontrando en nuestros paseos por la ciudad, y pronto, quizás, anunciamos un “Proper Pop-Up”.

Apenas iniciada nuestra gestión, el alcalde Rodas comprendió que la relación de hostilidad que había tenido el Municipio frente al sector privado estaba dañando la economía local y subordinando toda iniciativa al omnipotente sector público. La consigna parecía haber sido regular exhaustivamente todos los ámbitos y hacerlo de tal forma que las entidades multilaterales lo tomaran como un avance en la organización de la gestión.

Uno de los factores que requería urgente atención era la expedición de permisos de operación para unidades económicas. Conocida como “LUAE”, la Licencia Única de Actividades Económicas permitía, en cuatro clasificaciones, la operación de todo tipo de establecimientos, desde pequeñas tiendas de abarrotes a grandes industrias con potencial contaminante y reguladas además por el Ministerio del Ambiente.

Esta licencia es un estándar en los menús de estrategias de desarrollo económico de las multilaterales, dado que cubre una vasta cantidad de ámbitos de gestión con un solo documento y con un solo cuerpo normativo. Su implementación, o la eficiencia con que se implementó en la administración anterior, merece reconocimiento. Sabían cómo hacer que el brazo del Estado llegue a todas partes.

Yo había llegado al Municipio a fundar la unidad de Mecánica Urbana, que es una agencia de creatividad que plantea romper los esquemas convencionales con que se había venido gestionando la ciudad y establecer nuevos paradigmas de pensamiento crítico e integralidad. Se buscaba desligar la innovación como derivado de la tecnología, y mirarla más bien como un cambio en los modelos de gestión y de administración de la ciudad. La “ciudad inteligente” iba a ser una en que la gente viva mejor y para eso íbamos a utilizar todas las herramientas, no solo tecnológicas, para que el urbanismo sea lo inteligente.

Con ese antecedente, hice una propuesta para reformar la LUAE, cuyas principales características presento a continuación. No pretendo iniciar un debate sobre si mi fórmula es o no la más idónea, pero sí quiero que la discusión se aleje del proceso y vaya al núcleo: El Estado interviene demasiado, pide requisitos que se ajustan a una generalidad y no a casos específicos, e inhibe la innovación. Esta situación instaura barreras de acceso altas que obstaculizan a los nuevos pequeños emprendedores y favorecen a las empresas con recorrido y recursos.

Esa es la conversación que necesitamos: sobre los límites del Estado (gobierno local igual es Estado) y la real vocación de servicio del sector público. Éste no considera las pérdidas que provoca en empresas que por cumplir requisitos deben contratar empleados con tareas específicas de atención a la burocracia, y malgastar tiempo precioso y recursos limitados en trámites, asesoría legal y tributaria, y otras cargas.

No voy a hablar siquiera de la relación entre gobierno central y gobiernos locales. Muchas normativas locales deben subordinarse a los marcos nacionales, porque éstos no contemplan la flexibilidad necesaria para reconocer si una ordenanza cumple o excede sus requisitos, y permite controles a municipalidades que sí cuentan con la capacidad instalada. Estas normativas locales son, a su vez, muy poco flexibles y requieren engorrosos procesos políticos para las reformas más mínimas, con lo cual un bloqueo entre un cambio de normativa nacional y una incompatibilidad en una ordenanza puede retrasar permisos por varios meses, sin que los funcionarios atinen por dónde se empieza a desanudar el problema.

Ese problema, de nuevo, no amerita un debate sobre calidad de normativas, sino sobre límites del Estado e incentivos reales a la producción y a la empresa.

Mi propuesta de LUAE contemplaba lo siguiente:

  1. Una revisión exhaustiva de cada requisito, con justificaciones técnicas de cada dependencia, con el fin de eliminar los duplicados, unificar los correspondientes a una sola entidad y que no podían hacerse en un solo trámite, y desechar completamente varios que no tenían una justificación real y requieren de control.
  2. Eliminación categórica de todos y cada uno de los requisitos que el usuario debía presentar y que es el propio Municipio el que expide. E.g. certificado de no adeudar al Municipio, certificado de pago del impuesto predial, certiicado de pago de patente, Informe de Regulación Metropolitano y otros tantos cuya obligatoriedad no es más que pasarle al ciudadano la irresponsabilidad municipal en interconectar sus sistemas y sus entidades. A su vez, esto es un reflejo de los silos en los que trabaja el Municipio, que hacen imposible la colaboración interinstitucional. En un post futuro hablaré de cómo la Mecánica Urbana logró trascender los silos en el proyecto #MiCalle.
  3. Replanteo del espíritu de la LUAE – y del Municipio, de paso – como un instrumento de servicio, cuyo proceso de obtención se basa en la confianza al ciudadano. Obligarle a una institución burocrática y con una inercia asfixiante a creer que quienes solicitan una licencia quieren hacer negocios, proveer un servicio y trabajar honestamente es muy difícil cuando la norma ha sido, instigada por el estatismo de varios años, creer que el solicitante pretende contaminar, estafar, evadir y dañar y para eso solicita la licencia.
  4. Instaurar controles posteriores, dando trámite los requisitos y expidiendo la licencia probatoria, hasta efectuar el control. En caso de no existir novedades, se elevaba a definitiva la misma licencia, sin ningún trámite adicional. En caso de no pasar los controles, se planteaba un periodo corto de prueba y luego del segundo control, si no se cumplieron los requerimientos, se solicitaba cierre y abandono inmediato.
  5. Desechar completa y totalmente el proceso vigente e instaurar uno saneado, donde los requisitos ya hubieran pasado por el filtro del punto <1>
  6. Prohibir terminantemente la solicitud de documentos adicionales durante el proceso. Todos los requisitos debían estar claramente definidos, y todos los documentos debían ingresarse una sola vez, al inicio del proceso, momento en el cual serían digitalizados y guardados en una carpeta donde cada funcionario podía constatar su adecuada sumisión. Este paso permitía la emisión de un número de caso para el usuario y daba inicio oficial al proceso.
  7. Establecer una plataforma basada en la lógica de edición de documentos de Google Docs, donde cada paso se marca con el nombre del responsable y la fecha en que fue tramitado, y se instalaban alarmas en forma de semáforo, verdes para los que cumplieron o están dentro de plazo, amarillo para los que no han cumplido y está próximo a vencerse el plazo y rojo para los que se venció el plazo y no cumplieron. Así, mediante su número de ticket, el usuario podía revisar online el estado de su trámite y conocer dónde estaba detenido.
  8. Prohibición terminante de establecer prerequisitos para ninguno de los pasos del proceso, con lo cual cada entidad debía tramitar su componente con plazo propio, sin posibilidad de culpar a otros por no haber trabajado a tiempo.

La transparencia es alta en un proceso de este tipo, cuando todo es visible en línea y se limita terminantemente el potencial de discrecionalidad burocrática. Lo principal, es que un proceso así nivela la cancha para que cualquier jugador nuevo y sin recursos puede entrar a competir con ideas, con innovación y con trabajo con cualquiera de los grandes. Así se construye la economía. La propuesta no fue tomada en cuenta y se utilizó otra estrategia, más convencional, de reforma a lo existente.

El proceso que se llevó a cabo se lo hizo con la mayor responsabilidad y cuidado, dentro de los parámetros establecidos por los tomadores de decisiones y estuvo a cargo de los profesionales más idóneos, de eso doy fe. Yo confío que las reformas tendrán un impacto positivo. Mi propuesta no era convencional e implicaba un gran riesgo. Creo, no obstante, que destruir las conductas atávicas que generan la inercia en el Municipio requiere tomar esos riesgos. Yo no entré a navegar el sistema, sino a recomendar su demolición. Heme aquí, afuera, porque la inercia contaminó las ganas iniciales, pero mantengo esa consigna. No se entra a navegar un sistema corrompido, anquilosado y expansivo. Hay que replantearlo desde el núcleo. Esta era una propuesta que apuntaba allí.