El Municipio, vaca lechera o gallina de huevos de oro

Este Municipio de Quito es un loquillo. Le encanta ir por la vida regalando billete. Y los quiteños nos hemos acostumbrado a ese tren de vida. Algunos quizás sin saberlo están siendo beneficiados por una política que se ha mantenido en alcaldías populistas, socialdemócratas, socialistas y de derecha. Otros, quizás muy sabidos, navegan ese sistema de la manera más hábil. Y lucran. Mucho.

De esta feria de plata ajena salen bien parados a todo lo ancho del espectro social, desde los comerciantes informales que comercian para subsistir hasta los grandes desarrolladores inmobiliarios que gestionan proyectos millonarios. Voy a mencionar algunos casos, con el respeto que merecen los gestores y patrocinadores, pero que son emblemáticos. El problema real es que cada dólar que el Municipio regala a grupos privados que representan intereses especiales es un dólar menos que va a programas y proyectos cuyo fin debe ser nivelar la cancha para que todos tengan las mismas oportunidades de trabajar y mejorar sus vidas.

El primer caso es coyuntural. Desde hace varios años, el colegio del cual me gradué promueve la campaña “vivamos la fiesta en paz”, encaminada a reducir el consumo de alcohol en la ciudad. Lo que empezó como un proyecto estudiantil pasó a ser gestionado por una fundación que en 2015 reclama al Municipio porque no va a recibir los fondos de años anteriores. ¿A cuenta de qué el Municipio debe financiar una campaña privada? ¿Por qué debe ser obligación transferir fondos a fundaciones, por más loables que sean sus fines y actividades? Dejo a modo de pregunta estas inquietudes, porque no sé las respuestas, pero me molesta el principio.

Casos mucho más graves, mucho menos sonados y que no debe haber muchos quiteños dispuestos a quejarse o al menos a notarlo como una anomalía, son los de los constructores quiteños. Acá entra el tema de la plusvalía, que el gobierno central quiere que los municipios cobren, y ellos no quieren dar esa bronca que implica, invariablemente, modificar la estructura impositiva con la cual trabajan.

Cuando un constructor transforma una casa de familia de cuatro personas en un edificio de apartamentos para veinte familias, está generando un impacto muy grande sobre alcantarillado, agua potable, vías y demás servicios por los cuales el Municipio debe pagar. Al no existir compensación alguna por el impacto adicional, los promotores están prácticamente recibiendo una subvención por parte de la ciudad. Esas ganancias, ¿van a nuevas inversiones en la ciudad que generan empleos reales y de largo plazo? ¿A cuánto ascienden esas inversiones y cuántos empleos generan? ¿Cuánto estima el Municipio que debe invertir anualmente para suplir las necesidades creadas por promotores que no incurren en todos los costos? ¿Por qué razón debemos subvencionar los contribuyentes a los promotores inmobiliarios? ¿Habrá un cálculo de cuánto se incrementan los valores del metro cuadrado gracias a infraestructura y equipamiento financiados por el Municipio? A contramano, ¿el Municipio tiene programas de exención de impuestos o beneficios para promotores que sí cubren los costos e incluso generan espacios valiosos de encuentro y construcción de ciudadanía?

No están solos los grandes empresarios. Los “comerciantes autónomos”, asociaciones de mercados y otros ciudadanos dedicados al comercio de escala muy chica tienen el privilegio de no requerir lo mismo que un comerciante igualmente pequeño pero no categorizado. Las barreras de entrada selectivas hacen que ciudadanos dispuestos a hacer inversiones medianas deban someterse a crueles procedimientos que inhiben su pasión por emprender y sufran discriminación porque no pueden costear las barreras de acceso a la economía, lo cual perpetúa los monopolios y anula la competencia y la innovación. De igual modo, al no ser de subsistencia, esas inversiones medianas no están protegidas como las “pobres” (lo sé, no soy políticamente correcto, y me importa un carajo) y eso hace imposible que puedan operar food trucks (pero sí vendedores de humitas con sede en la cajuela de su auto) o pequeños restaurantes que no cumplen unas arbitrarias “reglas técnicas” (pero sí fondas malolientes que incumplen no solo eso sino todo el resto). ¿Qué corona tienen los “pobres” que reciben atención especial? ¿Esos “pobres” tienen alguna discapacidad  que requiera atención especial? ¿No son capaces de sobrevivir en el mercado? ¿Su propuesta no es rentable, sostenible o económicamente factible? ¿Comprenderán los funcionarios públicos que auspiciar a los grandes lo único que hace es consolidar barreras de entrada y distorsionar más la economía garantizando monopolios?

Otra circunstancia donde la ciudad demuestra su generosidad son las fiestas de Quito. Conciertos gratuitos, pagados por todos, millonarios, destinados a que la gente tenga fiesta gratis. Como no existe nada gratis, eso quiere decir que en algo no se invierte para poder gastar millones en farra. Entre los efectos nocivos de esto está la creencia – y cuidado se la cuestione – de que es obligación del Municipio dar farra gratis y de que por la cultura no se paga. Los espectáculos culturales tienen costos elevados de producción, montaje, promoción y, sobre todo, de largas horas en que los artistas se preparan para dar sus espectáculos. ¿Por qué debe el ciudadano costear a un grupo de reguetón que viene a hacer perrear a un grupo de 1000 o 2000 quiteños? ¿Por qué no viene una orquesta sinfónica prestigiosa o se trae un montaje de una ópera? ¿Qué le deja a la ciudad una inversión tan alta, que justifique la prioridad que se le da en el Concejo, la hipersensibilidad de los concejales que ven réditos políticos en sus “gestiones” culturales en el marco de la agenda oficial de fiestas? ¿En qué contribuye el millonario gasto al mejoramiento de la calidad de vida de los quiteños?

El arte no se queda atrás. Los recientes cambios en la Fundación Museos de la Ciudad motivaron la formación de un grupo de retazos formado por “gestores” y “artistas” cuya ocupación principal parece ser garantizarse una renta por el hecho de declararse artistas y no por la calidad de sus productos culturales. El “comité pro mejoras por el buen vivir y el arte contemporáneo” (irónico y creativo nombre, al César lo que es del César), sigue la larga trayectoria de entes politizados desde su formación. La idea parte de la necesidad de “ocupar” la cultura y proteger sus espacios, pero como todo cuerpo colegiado local que se respeta, cuenta con miembros de una calidad artística e intelectual tan alta, que claman por la disolución de “estructuras neoliberales” (sic) en el Municipio y elevan suspicacias sobre “hacerle el juego a la ciudad”. Todo con el fin de que se garantice fondos para sus actividades. ¿A cuenta de qué debemos los ciudadanos financiar manifestaciones artísticas que creen tener derecho a fondos públicos? ¿No sería mejor establecer alianzas con escuelas y universidades de artes para elevar el nivel de la educación artística? ¿No convendría hacer lo propio con espacios de teatro, cine independiente, galerías y salas de conciertos para garantizar el acceso de todos a presenciar arte y cultura de la calidad más alta, y a elevar el nivel de nuestros artistas locales? ¿No es eso mejor que lanzar billetes a producciones burdas e inconsecuentes solo porque tienen mejor lobbying que una orquesta o un espectáculo de canto lírico?

En fin. Hay miles de casos. Coches de madera, animalistas, antitaurinos, taurinos, actividades deportivas privadas, fundaciones, promotores de espectáculos, organizaciones religiosas, asociaciones GLBT, agricultores, grupos económicos que lloran miseria y humildes comerciantes que aprovechan la suya. Todos reciben una subvención municipal, la pidan o no, que llega en diversas formas y con varios matices, pero subvención al fin. Demás está decir que ese beneficio llega sin necesariamente proveer al Municipio de algún producto o servicio que agregue valor real y medible (y no me refiero a las “contraprestaciones” pendejas que engordan los términos de referencia para contratos públicos á la Eva Golinger). Es espeluznante que todos crean inalienable su derecho a algo gratis. A costa del resto, dicho sea de paso. Nadie ve la necesidad de ser rentable, de proponer calidad, de hacer algo que guste y genere recursos para sostener su producción/producto/montaje/difusión/agenda. Todos, sin excepción, han perdido la noción de lo que significa sobrevivir en el mercado. Prefieren manipular al cliente más grande, estúpido y fácil (el Municipio) con lobbying a mejorar el mercado con calidad.

Sincerar las finanzas municipales a todo nivel, desde inclusión social a desarrollo productivo y desde cultura a ambiente, implica redireccionar fondos hacia la creación de condiciones reales para el desarrollo que beneficien a todos, sean iguales para todos y no garantizar una gestión para contentar a grupos de intereses especiales con el único criterio del tamaño de su boca.

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