Del origen de la regulación

Han sido ya varios meses desde que empezó este enfrentamiento cuerpo a cuerpo contra la inercia y la desidia, que se conoce – con más glamour del que debiera – como “servicio público”. Una de las lecciones más importantes ha sido la constatación diaria de que el principio que motiva todo nuestro sistema regulatorio es incongruente con el desarrollo natural de ese conjunto de decisiones individuales que llamamos ciudad.
Hace tiempo, integré un grupo de lectura de las ideas del filósofo español Ortega y Gasset. Aún suscribo algunas de sus enseñanzas, pero hay una que especialmente queda. Hablaba de la diferencia entre el “uso” y el “abuso” (uso anormal), y cómo en nuestras democracias paliduchas tendemos a hacer un drama excesivo por un montón de cosas – mis palabras, no las del buen Ortega – y nos lanzamos despavoridos a regular de manera durísima los usos, en lugar de normar los abusos. Que si algún banquero no es ético, hacemos una ley que castiga por si acaso a todo el sistema bancario, en lugar de tomarlo como un caso aislado. Que si un medio de comunicación decide apostarle a la indecencia, pues limitamos al punto del ahorcamiento la labor de toda la prensa en lugar de solucionarlo a nivel individual. El resultado es que se ataca la actividad completa y no las anomalías, lo cual reduce dramáticamente la calidad de los servicios que recibimos los ciudadanos.
Todo nuestro marco normativo está basado en la desconfianza y todas las acciones regulatorias están basadas en la limitación, torpe y primitiva, de usos y no en los abusos.
De alli surge el valor más grande que agrega la nueva administración municipal en el proceso de cambio de Quito hacia una ciudad inteligente para la gente. La mayoría de quienes nos desempeñamos en cargos directivos procedemos del sector privado y estuvimos del otro lado de la administración, en un momento en el cual se desconfiaba de toda actividad privada y se trabajaba para el mejoramiento de la institución municipal, y no de la ciudad.
Ese origen nos implantó el chip de la desconfianza en el sistema vigente de trámites, permisos y licencias, y configuró nuestro sistema operativo para buscar soluciones. La primera, parecería, empieza por cambiar la visión. Ahora vemos al sector privado (que comprende TODO lo que está fuera del sector público, desde una pequeña tienda hasta una mega corporación, pasando por un fondo de pensiones, digamos, del magisterio) como artífice del desarrollo económico y buscamos que la solidez de la economía local sea medida por la suma, ojalá siempre positiva, de las finanzas individuales de los ciudadanos.
El cambio empieza por creer en la buena fe de las personas y en que cada nueva empresa, industria, startup tecnológica o carrito de hot dogs contribuye a la economía, da trabajo y crea riqueza; implementar sistemas de sanción rigurosos que solo se activan cuando un administrado abusa, y que el municipio trabaje para ayudar al administrado en lugar de inundarle de requerimientos, documentos que el propio Municipio expide y cientos de copias a color de la cédula.

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