Elefante blanco, mejor no.

Es un hecho que el Ecuador crece. Quito, a su vez, más por inercia que por eficacia administrativa, está también cambiando. El país de hoy es distinto que el de hace seis años. Mucho se podrá criticar los caminos que se han tomado, pero es indiscutible que estamos insertados en procesos globales. De nuevo, no es mi intención en este corto post comentar sobre conceptos y teoría política, sino escarbar un poco y remover las aguas con respecto, puntualmente, a operaciones urbanas de gran escala.
Quito crece, y crecer duele. Estamos ante un punto de inflexión en el que las operaciones urbanas emprendidas por la administración municipal son de escala global, y eso es nuevo para la ciudad. Tanto aquellos programas intangibles, destinados a crear ciudadanía, como los proyectos de infraestructura y equipamiento urbano, reflejan una intención – muy tímida y temerosa aún – de insertar a Quito en la economía global. Se buscan la adopción de tecnologías encaminadas a digitalizar la ciudad y hacerla más inteligente, reformas en la gobernanza corporativa de las instituciones públicas, realizar un salto cuantitativo en cuanto a la escala, ámbito y alcance de las organizaciones, y promover una ambiciosa selección de proyectos de enorme envergadura para la ciudad. Como parte de esta oleada modernizadora, existe una tendencia hacia la aprobación de un número inusual de proyectos privados de gran escala, como megaurbanizaciones, campus universitarios y otros.
Cuando enfocamos las intervenciones en el objeto y en una generalmente poco rigurosa – por no decir fracasada – proyección, por más complicada, econometrizada, expertizada que sea, suele quedar de recordatorio incómodo un edificio o grupo de edificios, a los que se conoce con el poco halagador mote de “elefante blanco”. Ejemplos sobran.
¿Qué hacer, entonces, para que una práctica tan común no tenga resultado similar cada vez?
Primero, aprendamos la lección principal: no somos adivinos. Ni los geniecitos de Wall Street, que han hecho fortunas prediciendo el comportamiento de la Bolsa, ni el INAMHI, lo son, y eso que su trabajo es acertar. (La ironía).
Con esa sabiduría asumida, más los antecedentes presentados, podemos pasar a lo tangible. Yo propongo, a nivel de política pública, y pidiendo disculpas por lo extenso de la introducción, tres consideraciones que podrían aliviar ese síndrome inherente a la planificación: el del elefante blanco.
Antes de nada, como requisito indispensable, el Municipio debe establecer tipologías, que por su demanda de área construída, requieren gran cantidad de suelo urbano. El planteamiento de estos proyectos debe requerir, como parte del proceso de diseño, el acompañamiento de un equipo multidisciplinario en el cual un urbanista esté involucrado como tomador de decisiones. Es fácil, para un arquitecto, asumir que sabe lo suficiente de la ciudad como para intervenirla. La experiencia en Quito nos enseña que lo contrario es cierto. De ahí que para intervenciones urbanas mayores o de alto impacto, se debe requerir el concurso de alguien con real conocimiento, empírico o académico, de la ciudad.
La primera consideración, de las tres que propongo para dar trámite a la aprobación de proyectos de esa magnitud es la adaptabilidad y flexibilidad de los edificios. Acostumbrados a plantear artefacto antes que ciudad, generalmente resulta que el objeto arquitectónico es monofuncional. Cuando, por cualquier razón, el uso para el que estaba planteado no cala tan profundo en la ciudadanía como en el corazoncito del planificador, el objeto monofuncional representa grandes costos, ya sea de demolición o remodelación, y el más alto: de abandono y desurbanización. Propongo por lo tanto, que como requisito para la aprobación del proyecto, el planificador debe presentar alternativas y presupuestos para replantear la función. Siempre es más permanente, como enseña Aldo Rossi, un edificio cuya función no esté definida por y circunscrita a la forma. Me remito aquí al Teleférico de Quito.
La segunda consideración es presupuestaria. De nuevo mirando al objeto, le atribuimos el poder de rehabilitar una zona urbana deprimida, y con esa convicción le asignamos un presupuesto considerable. Sucede, no obstante, que ese poder al final no existe, y que el objeto máximo puede llegar a ser componente catalizador de un desarrollo urbano, que no llega sin inversión directa en lo social, urbano y económico del área circundante. Propongo entonces que se establezcan porcentajes, dentro del presupuesto aprobado del edificio o conjunto, que garanticen la conexión e integración con el área de influencia, ya sea en forma de salas comunitarias, de mejoramiento de imagen urbana, de proyectos de Placemaking, o tantos otros que pueden hacer un real impacto positivo en la zona, y no crear islas en un entorno que, por sí solo no se va a desarrollar. Como el Teatro México, por ejemplo.
Y en tercer lugar, un asunto impositivo. Yo soy reacio al hablar de impuestos, porque generalmente los administradores pierden los conceptos de “Base ancha, tasa baja”, de visibilización y de simplificación de la gestión y recaudación. Los impuestos municipales, por lo tanto, así como casi todas las rentas, se cobran mal y se direccionan desde arriba y no vemos resultados concretos, por más que estén frente a nuestros ojos. Es preferible, en cualquier caso, que lo que se cobre sean tasas concretas por servicios puntuales. O, mejor aún, que existan incentivos que se leen mejor cuando existe riesgo de por medio. Propongo que, como tercer requisito, y teniendo como referencia el proceso de captación de plusvalía, el planificador o desarrollador del proyecto presente un plan de contribución que se desprenda del beneficio económico que surgirá de las nuevas actividades realizadas donde antes solo existía un lote, o una zona residencial de baja densidad. De ese modo, los desarrolladores pueden dirigir los recursos levantados hacia actividades con riesgo calculado, que a su vez generan incentivos para posteriores inversiones. Círculo virtuoso de incentivos, en lugar del pernicioso de imposiciones que se diluyen, sobre todo en el caso de captación de plusvalía, en el que se habla de cifras mayores. Como los nuevos campus de la Católica en Nayón o de la UDLA en la zona de El Ciclista.

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